Alivio y descontento en Puerto Rico ante el plan del Congreso

Washington.- Tras meses de peticiones del gobierno de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos ha aceptado ayudar al terri
torio a reestructurar su enorme deuda pública. Pero a cambio de un alto coste: perder un cierto grado de soberanía con la imposición de una junta de control fiscal, así como la introducción de un posible salario mínimo más bajo para los trabajadores jóvenes de la isla.

Las cláusulas del acuerdo bipartisano pretenden evitar una suspensión de pagos desordenada de los 70,000 millones de deuda pública de la isla. Pero provocaron un cierto malestar en Puerto Rico, donde la gente ha soportado una década de declive económico constante y muchos sienten un resentimiento por su relación dispar con el territorio continental estadounidense.

Sin embargo, el acuerdo hizo que otros respirasen aliviados, ya que creen que podría ayudar a los puertorriqueños a reconstruir su economía al tiempo que establece un muy necesitado control sobre su gobierno.
“Debió de ser así desde hace mucho tiempo”, comentó José Jeaudoin, gerente de restaurante. “Se ha probado desde hace muchos años que el gobierno no sabe administrar. Cada vez que el gobierno controla algo, no sirve o se va a la quiebra”.
La ley establece la creación de una junta de control de siete miembros nombrada por el Congreso y el presidente, que supervisaría la reestructuración de parte de la deuda, ordenada por un juez. También exigiría que el gobierno puertorriqueño presente presupuestos y cree un plan para incorporar la responsabilidad fiscal y lograr acceso futuro a los mercados financieros. La junta también se encargaría de defender los derechos legales de los acreedores y apalancar el déficit en las pensiones, en una isla que tiene un agujero en su sistema de pensiones de más de 40,000 millones de dólares.

La ley estadounidense impide a las agencias públicas y municipios de Puerto Rico declararse en bancarrota y reestructurar su deuda bajo supervisión judicial.
“La situación es desesperada”, comentó Valerie Franklin, propietaria de una tienda de recuerdos. “Ahora mismo sólo trabajamos para pagar impuestos. Sólo sobrevivimos”.
Los defensores del texto afirman que ayudará a reforzar la débil economía de Puerto Rico, estancada en parte desde que terminaron las exenciones fiscales estadounidenses para manufactura. La retirada de esas ventajas desencadenó una dura espiral de declive económico, que a su vez hizo que miles de puertorriqueños se mudaran al continente.
El objetivo es aprobar la ley antes de que Puerto Rico incumpla un plazo de deuda de 2,000 millones de dólares, que cumple el próximo 1 de julio. La isla ya ha incumplido tres pagos más pequeños, incluido uno de 367 millones que vencía este mes.

El gobernador, Alejandro García Padilla, dijo que si la ley se aprueba sin cambios, protegerá a Puerto Rico de cualquier demanda tras el esperado incumplimiento del 1 de julio. Pero señaló que piensa combatir algunas de sus cláusulas, como la que establecería una junta de control fiscal, cuyos miembros, señaló, no serían elegidos por el público.
Otros miembros del gobierno expresaron estas preocupaciones, como Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico. Bhatia pidió a los puertorriqueños que se alzaran y rechazaran el plan, que describió como desproporcionado y antidemocrático.

“El que crea que sacrificando la democracia va a lograr estabilidad económica, que sepa que al final no va a tener ninguna de las dos”, afirmó.
Otra gran preocupación de algunos miembros del gobierno y jóvenes puertorriqueños es una cláusula que permitiría al gobierno local reducir temporalmente el salario mínimo, de modo que los negocios puedan pagar 4.25 dólares la hora a empleados menores de 20 años en su primer trabajo. La ley establece que la edad límite puede ampliarse de forma automática a los 25, y se puede pagar el salario mínimo durante hasta cuatro años si es necesario. El salario mínimo actual de la isla va de los 5.08 y los 7.25 dólares la hora.
Las voces críticas señalan que los trabajadores apenas pueden mantenerse con el salario mínimo actual, dado el coste de la vida en el territorio.