Departamento de Justicia amenaza la ayuda anticrimen a las ciudades

Albuquerque Nuevo México.— El secretario de Justicia Jeff Sessions dio nuevos pasos el jueves para sancionar a las ciudades que considera que no están cooperando con los agentes federales de inmigración, medida que sorprendió a las autoridades locales, las cuales indicaron desconocer por qué estaban bajo advertencia.
El Departamento de Justicia envió cartas a cuatro ciudades afectadas por la violencia con armas de fuego, advirtiéndoles que no podrán beneficiarse de un nuevo programa que proporciona dinero para combatir el narcotráfico y la delincuencia de pandillas a menos que le den acceso a las autoridades federales de inmigración a sus cárceles, y que avisen con anticipación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser liberado.
Las ciudades — Baltimore, Albuquerque, y Stockton y San Bernardino, en California — han expresado interés en el programa Public Safety Partnership (Sociedad por la Seguridad Pública) del Departamento de Justicia, el cual incluye agentes federales, analistas y herramientas tecnológicas para ayudar a las comunidades a combatir la delincuencia.
"Al tomar en cuenta consideraciones sencillas y de sentido común, estamos alentando a todas las jurisdicciones de este país a cooperar con las agencias policiales federales", dijo Sessions en un comunicado que acompañó a las cartas. "Ello redundará en mayor seguridad para todos, especialmente para los policías que patrullan nuestras calles”.
La amenaza es el intento más reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas que viven en el país ilegalmente, parte de una iniciativa para reducir actos delictivos que cree están vinculados con la inmigración ilegal. El secretario de Justicia ha prometido repetidas veces que retendrá los fondos federales a las ciudades que no cooperen, en forma similar a la forma en que gobiernos previos han retenido los fondos para carreteras durante debates sobre el límite de velocidad y la edad para poder ingerir bebidas alcohólicas.
Pero a algunas de las ciudades no les quedó claro por qué están bajo amenaza.
En una carta dirigida a Sessions, Richard Berry, el alcalde republicano de Albuquerque, negó que la ciudad más grande de Nuevo México sea un santuario para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, y dijo que ha estado tratando de trabajar con las autoridades de inmigración desde que asumió el puesto en 2009. De hecho, dijo Berry, el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el centro de transporte de prisiones ha disminuido en los últimos años.
“Si su agencia tiene preguntas o preocupaciones con nuestras cárceles del condado (Bernalillo), yo los canalizaría a ustedes con sus directivos”, escribió Berry.
Peter Simonson, director general de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nuevo México, consideró que las exigencias son “una estrategia de hostigamiento”.
Otra preocupación de las ciudades es que la policía que patrulla las calles ficha a sospechosos en cárceles operadas por las autoridades estatales o del condado sobre las que no tiene control. Las misivas del Departamento de Justicia se enfocan en darles a los agentes federales de inmigración acceso a ese tipo de instalaciones de detención.
Eric Jones, jefe de la policía de Stockton, dijo que sus agentes fichan a sospechosos en unas instalaciones operadas por el condado y su tarea es combatir los delitos violentos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración