Juez se niega a cuestionar separaciones familiares en la frontera

Juez se niega a cuestionar separaciones familiares en la frontera

San Diego, California (AP) — Un juez de los Estados Unidos dictaminó el pasado lunes 13 de enero que la administración Trump está operando dentro de su autoridad cuando separan familias detenidas en la frontera de México, rechazando los argumentos de que estaba volviendo en silencio a las prácticas generalizadas que atrajeron la condena internacional.

La American Civil Liberties Union argumentó que la administración estaba dividiendo a las familias por acusaciones dudosas y transgresiones menores, incluidos los delitos de tráfico. 

Le pidió al juez en julio que dictaminara si el gobierno estaba justificado para separar a 911 niños durante el primer año después de que el juez detuviera la práctica general en junio de 2018.

La jueza de distrito de EE.UU. Dana Sabraw indicó que estaba incómoda al dudar de las decisiones del gobierno de separar a los niños con el argumento de que los padres eran considerados no aptos o peligrosos, o en otras circunstancias limitadas como antecedentes penales, enfermedades transmisibles y dudas sobre la paternidad. No encontró evidencia de que el gobierno estuviera abusando de su discreción.

“Es una invitación que tiene un alcance potencialmente masivo, invade un área que está particularmente dentro de la provincia del poder ejecutivo para asegurar la frontera de la nación, y va más allá de la certificación de clase de este tribunal y las órdenes de orden judicial preliminares, que se centraron en la práctica de la administración de separar a las familias en la frontera con el propósito de disuadir la inmigración y no reunir a esas familias”, escribió Sabraw en una decisión de 26 páginas.

En una victoria parcial para la ACLU, la juez dijo que el gobierno debe resolver cualquier duda sobre la paternidad antes de separar a las familias mediante el uso de pruebas de ADN que arrojan resultados en aproximadamente 90 minutos.

El fallo fue un caso raro en el que la juez de San Diego se puso del lado de la administración. En junio de 2018, detuvo la práctica de separar a las familias bajo una política de “tolerancia cero” para disuadir la inmigración ilegal y ordenó que unos 2,800 niños se reunieran rápidamente con sus familias. La falta de sistemas de seguimiento adecuados en ese momento convirtió la reunificación en una tarea monumental.

Más tarde, la juez ordenó a la administración que identifique a más de 1,500 niños adicionales que fueron separados anteriormente en la presidencia de Trump, a partir de julio de 2017. El gobierno está proporcionando información a la ACLU, que, en algunos casos, tiene voluntarios yendo de puerta en puerta en Guatemala.

La ACLU dijo que estaba considerando su próximo paso.

“El tribunal reafirmó firmemente que la administración Trump tiene la carga si intenta separar a las familias basándose en una acusación de que el adulto no es el padre del niño”, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “Estamos evaluando la decisión de determinar los próximos pasos sobre cómo garantizar que los niños no estén separados de sus padres en base a infracciones menores”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.