OPINIÓN: Una afirmación sumamente incorrecta

OPINIÓN: Una afirmación sumamente incorrecta

OKLAHOMA CITY – El viernes pasado, 7 de enero de 2022, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor declaró: "No estoy segura de entender la distinción: por qué los estados tendrían el poder, pero el gobierno federal no", con respecto al "estándar temporal de emergencia" (ETS) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que requiere que las empresas con 100 o más empleados se vacunen o usen máscaras faciales mientras están en el trabajo y se sometan a pruebas semanales. Ese tipo de declaración de un juez en funciones es muy preocupante e inaceptable. O la jueza Sotomayor es ignorante sobre el tema de la separación de poderes, o está tratando deliberadamente de diluir los poderes de los estados mientras simultáneamente concentra los poderes no delegados al gobierno federal, o ambos.

La Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece: "Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo". Esta disposición muy simple y directa de nuestra Constitución ilustra la separación vertical de poderes escrita por los redactores, y sofoca cualquier afirmación de que el gobierno federal tiene los mismos poderes colectivos que los estados, como la jueza Sotomayor aludió incorrectamente en su declaración.

Conocido como "el padre de nuestra Constitución", James Madison escribió en The Federalist Papers, No. 45, "Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Los que han de permanecer en los gobiernos estatales son numerosos e indefinidos. El primero se ejercerá principalmente sobre objetos externos, como la guerra, la paz, la negociación y el comercio exterior. Los poderes reservados a los diversos Estados se extenderán a todos los objetos que, en el curso ordinario de los asuntos, se refieran a la vida, las libertades y los bienes del pueblo, y al orden interno, la mejora y la prosperidad del Estado". Aquí, Madison delinea las diferencias en la limitación y el enfoque de los poderes delegados al gobierno federal frente a los poderes reservados extensos e irrestrictos de los estados.

El poder reservado más importante del Estado es el del artículo V, que prevé la modificación de la Constitución. A través de esta disposición, es el Pueblo, a través de sus respectivas legislaturas estatales, el que ratifica los cambios al pacto [Constitución]. Este no es un poder compartido con el gobierno federal, ¡imagínese la tiranía que reinaría si el gobierno federal tuviera ese poder! Es a través de este poder que se imponen restricciones al gobierno: tales restricciones se encuentran en la Declaración de Derechos, así como en el texto principal de la Constitución. Es imperativo que un juez de la Corte Suprema entienda los hechos de que los propios estados conservan el poder de regular las acciones del gobierno federal, y no hay disposiciones que permitan al gobierno federal restringir las acciones de los estados fuera de las disposiciones acordadas establecidas en el pacto (que los estados aún conservan el poder de cambiar).

Si la declaración de la jueza Sotomayor se ha hecho en un esfuerzo por diluir intencionalmente los poderes de los estados, entonces sus motivos deben ser cuestionados. Si es su intención ignorar las disposiciones de nuestra Constitución, que ella hizo un juramento de afirmación para apoyar y defender, entonces el Congreso debería encontrarla en negligencia del deber y destituirla de su cargo. Los jueces no son "intocables"; la Constitución establece un mecanismo para sacarlos del banquillo: el juicio político.

La magistrada Sotomayor hizo su declaración ya sea por ignorancia o por deseo político destructivo; de cualquier manera, es extremadamente peligroso y reprensible que un miembro en ejercicio de la Corte Suprema afirme una opinión tan sesgada e inflamatoria que socava la misma Constitución que ha jurado defender.