Pautas para la aplicación de las leyes civiles de inmigración".

Pautas para la aplicación de las leyes civiles de inmigración"

por Rebekah Wolf

El 30 de septiembre, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, emitió el tan esperado nuevo conjunto de prioridades de aplicación, titulado "Pautas para la aplicación de las leyes civiles de inmigración". Las directrices, que entrarán en vigencia el 29 de noviembre de 2021, reemplazarán el memorando de prioridades de aplicación provisional del 18 de febrero emitido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), así como las pautas provisionales iniciales emitidas el 20 de enero de 2021.

El nuevo memorando se aplica a ICE, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y comienza afirmando la base de la autoridad del DHS para ejercer discreción procesal.

Qué cubre la Guía de cumplimiento del 30 de septiembre

Si bien el nuevo memorando hace algunos cambios significativos con respecto a los memorandos anteriores de prioridades de aplicación, todavía abarca el marco de priorizar grupos de personas para la aplicación, en lugar de identificar grupos de personas para priorizar la protección,como muchos defensores han pedido.

Hay algunos cambios significativos con respecto a los memorandos anteriores. Un cambio general es que este memorando solo se aplica a las decisiones sobre a quién detener y remover, y no a quién debe ser detenido o liberado de la detención.

Este memorándum también dejó en claro que no hay barreras categóricas para el ejercicio de la discreción procesal, y que cada decisión sobre si alguien debe ser considerado una prioridad para la ejecución o si se le debe dar discreción procesal debe sopesarse de manera individual.

¿Quiénes son las prioridades de aplicación bajo la nueva guía?

El memorando proporciona a los agentes de ICE pautas sobre tres categorías de prioridades de cumplimiento. Las nuevas directrices ordenan a ICE que centre los recursos en las personas que se considerarían prioritarias para la aplicación de la ley bajo estas tres categorías:

• Seguridad nacional. La primera categoría, que se mantuvo en gran medida sin cambios con respecto a los memorandos anteriores, incluye a cualquier persona que sea acusada o sospechosa de participar en terrorismo o espionaje.

• Seguridad pública: La segunda categoría, que incluye a cualquier persona que ICE encuentre como una "amenaza para la seguridad pública", tuvo algunos cambios clave. Anteriormente, esta categoría se aplicaba a cualquier persona que hubiera sido condenada por un delito grave agravado y se considerara que actualmente era un riesgo para la seguridad pública. Este enfoque categórico hacia cualquier persona con ciertas convicciones fue ampliamente criticado por los defensores por no considerar las acciones en casos individuales. En el memorando actualizado, ese enfoque ha sido reemplazado por una lista no exhaustiva de factores atenuantes y agravantes que deben ser considerados por los agentes de ICE para determinar si se debe ejercer discreción.

• Seguridad Fronteriza. La tercera categoría prioriza a cualquier persona que ingresó o intentó ingresar a los Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020. Sin embargo, hay un lenguaje adicional en el nuevo memorando que permite excepciones para hacer que todos en este grupo tengan prioridad de aplicación.

La nueva guía de prioridades de cumplimiento también incluye un lenguaje importante que ordena al DHS que no se dirija a nadie para la aplicación en función de su ejercicio de sus derechos civiles, derechos de los trabajadores o derechos de la primera enmienda. Estos son recordatorios bienvenidos de las obligaciones del departamento de hacer cumplir las leyes de inmigración de manera justa y equitativa.

Si bien evitar el enfoque de excluir categóricamente a grupos de personas de beneficiarse de la discreción es un paso positivo, la guía también deja una enorme cantidad de discreción con los oficiales de deportación individuales y las oficinas de campo, y requerirá una responsabilidad significativa para tener éxito. La historia sugiere que esta discreción puede no ejercerse de manera justa o equitativa.