LA DIPUTADA NORA ORANDAY Denuncia riesgos de la Ley SB4 en Texas

Por Dr. Emilio Coral García

La diputada federal migrante Nora Oranday ha denunciado los riesgos que implica la ley SB4 aprobada por el Estado de Texas, en los Estados Unidos, en cuanto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos, pues según su denuncia, tal ley promueve la criminalización y discriminación, al dar lugar a arrestos basados en el perfilamiento social, por parte de la policía texana.

La recientemente aprobada ley SB4 define como un delito estatal el entrar desde otro país al Estado de Texas en los Estados Unidos de manera indocumentada. Esta ley también faculta a las autoridades policiales de Texas para arrestar a quien consideren sospechoso de haber ingresado sin documentos al territorio texano.

Por otra parte, la ley SB3 otorga recursos millonarios a las fuerzas policiales texanas para fortalecer su vigilancia en la frontera, además de construir barreras fronterizas. Por lo pronto, esta ley da alrededor de mil 500 millones de dólares para tal efecto.

Diversos activistas y legisladores, como la Diputada Oranday, han catalogado la ley SB4 como anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos al permitir que la policía texana perfile racialmente a las personas, viole su privacidad, las acose y deporte sin un debido proceso a migrantes que frecuentemente buscan asilo o algún tipo de protección humanitaria.

Cabe notar que estas leyes fortalecen las posturas antiinmigrantes no solo del gobernador de Texas Greg Abbott, sino también del expresidente Donald Trump quien ha expresado su apoyo a tal legislación, así como ha reafirmado su dura postura en contra de la migración indocumentada. Esto lo ha llevado incluso a cuestionar la obtención de la nacionalidad estadounidense por nacimiento, y plantear que, de volver a llegar a la presidencia, buscaría eliminar la obtención de la nacionalidad por nacimiento, para, con ello, evitar que miles de hijos de migrantes sin documentos puedan acceder a la nacionalidad estadounidense solo por haber nacido en el territorio correspondiente.

Mientras tanto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo a la nueva legislación texana, argumentando que esta puede estimular ambientes de odio y hostilidad que lleven a atacar y cometer delitos en contra de las comunidades migrantes.

Actualmente, la seguridad en diversos puntos fronterizos de Texas con México ha sido reforzada, e incluso uno de los accesos por la zona de Eagle Pass ha sido cerrado, pues especialmente en la zona fronteriza con esa ciudad texana, se ha venido concentrando en los últimos meses una gran oleada de migrantes sin documentos. Hubo días, antes de que fuera aprobada la nueva legislación antiinmigratoria texana, en que decenas de miles de migrantes cruzaron el Río Bravo en esa región. En este año, los cruces de migrantes sin documentos por el Río Bravo se calculan en alrededor de un millón 600 mil personas, lo cual es menor a la cifra de dos millones 200 mil personas que cruzaron el río en 2022. Las crecientes restricciones en la frontera y el ambiente hostil a la migración sin documentos en estados como Texas y Arizona seguramente han contribuido a esta reducción en el número de cruces por el río.

Ya organizaciones como Human Rights Watch han denunciado la manera como la nueva legislación texana antiinmigrante conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, a la separación de familias (de niños nacidos en los Estados Unidos, de sus padres indocumentados), así como al encarcelamiento de gran cantidad de jóvenes y adultos en condición migrante irregular en el Estado de Texas.

Las autoridades mexicanas tienen una gran responsabilidad en coadyuvar junto con las organizaciones de la sociedad civil para presionar a las autoridades estadounidenses a fin de salvaguardar los derechos humanos de la población migrante. Denuncias como las realizadas por la Diputada Nora Oranday contribuyen de manera importante en esta tarea fundamental.