DEFENSORES DE LA REFORMA EN TODO EL ESTADO SE UNEN PARA RESPONSABILIZAR A LOS LEGISLADORES

Oklahoma City – El estado de Oklahoma debe a los contribuyentes más de 70 millones de dólares en inversiones en recursos locales de salud mental. Entonces, ¿dónde está el dinero? Oklahomans for Criminal Justice Reform (OCJR) y defensores de la reforma bipartidista de todo el estado están llevando a cabo dos estudios provisionales para ayudar a responder esta pregunta.

SQ 780 y SQ 781 fueron iniciativas electorales aprobadas por los votantes de Oklahoma en 2016. SQ 780 reclasificó la posesión simple de drogas y algunos delitos menores contra la propiedad de delitos graves a delitos menores. SQ 781 ordenó al Estado de Oklahoma que analizara los números, calculara cuánto dinero se ahorró con la reducción de la tasa de encarcelamiento de SQ780 e invirtiera los ahorros en recursos a nivel de condado, como asesoramiento sobre abuso de sustancias y servicios de salud mental.

En los siete años transcurridos desde la aprobación de estas iniciativas, la Legislatura no ha cumplido con el requisito de SQ 781 de que los ahorros atribuibles a SQ 780 se pongan a disposición de los gobiernos de los condados para servicios de salud mental y abuso de sustancias.

El encarcelamiento tiene un alto costo, tanto figurativa como literalmente. Solo en el año fiscal 2022, los contribuyentes de Oklahoma gastaron $ 718 millones para financiar prisiones estatales. Eso es mucho dinero. Y si una fracción de esa cantidad se gastara en recursos como asesoramiento sobre abuso de sustancias y servicios de salud mental, las comunidades de Oklahoma se convertirían en lugares más saludables y seguros para vivir. Los habitantes de Oklahoma no solo merecen estos recursos prometidos, sino que algunos habitantes de Oklahoma, particularmente aquellos que viven en nuestras comunidades rurales, los necesitan desesperadamente. Nuestros condados más pequeños continúan soportando la carga de los costos de encarcelamiento.

Esta financiación debería haberse recibido hace mucho tiempo. Estos estudios provisionales se centran en instar a los responsables políticos a adherirse a la voluntad de los votantes. El 24 de octubre, OCJR participará en un estudio provisional solicitado por el representante JJ. Humphrey para resaltar la necesidad de financiar el tratamiento local de salud mental y adicción para apoyar la aplicación de la ley y reducir el crimen. Comenzará a las 9 AM en la sala 206. Hay otro estudio provisional solicitado por el representante Sterling centrado en los mecanismos presupuestarios para la financiación de SQ781 el 26 de octubre a las 9 AM en la sala 206. Esperamos los asociados puedan asistir y amplificar esta conversación.

Los legisladores estatales le deben a los votantes implementar los cambios por los que votaron

ENGLISH

REFORM ADVOCATES ACROSS THE STATE BAND TOGETHER TO HOLD LEGISLATORS ACCOUNTABLE

Oklahoma City – The state of Oklahoma owes taxpayers over 70 million dollars’ worth of investments in local mental health resources. So, where's the money? Oklahomans for Criminal Justice Reform (OCJR) and bipartisan reform advocates from across the state are holding two interim studies to help answer this question.

SQ 780 and SQ 781 were ballot initiatives approved by Oklahoma voters in 2016. SQ 780 reclassified simple drug possession and some minor property crimes from felonies to misdemeanors. SQ 781 directed the State of Oklahoma to crunch the numbers, figure out how much money was saved with SQ780’s reduction of incarceration rate, and to invest the savings into county-level resources like substance abuse counseling and mental health services.

In the seven years since the passage of these initiatives the Legislature has failed to adhere to the requirement of SQ 781 that the savings attributable to SQ 780 be made available to county governments for mental health and substance abuse service.

Incarceration comes at a high cost — both figuratively and literally. In fiscal year 2022 alone, Oklahoma taxpayers spent $718M funding state prisons. That’s a lot of money. And if a fraction of that amount was spent on resources like substance abuse counseling and mental health services, Oklahoma’s communities would become healthier, safer places to live. Not only do Oklahomans deserve these promised resources, some Oklahomans, particularly those living in our rural communities desperately need them. Our smaller counties continue to bear the burden of incarceration costs.

This funding is long overdue. These interim studies are focused on urging policymakers to adhere to the will of the voters. On October 24th, OCJR will participate in an interim study requested by Rep. JJ. Humphrey to highlight the need to fund local mental health and addiction treatment to support law enforcement and reduce crime. It will begin at 9AM in room 206. There is another interim study requested by Rep. Sterling focused on the budget mechanisms for SQ781 funding on October 26th at 9AM in 206 Room. We hope partners can attend and amplify this conversation.

State legislators owe it to voters to implement the changes they voted for