La terminación del TPS perturbará las comunidades en todo Estados Unidos

La terminación del TPS perturbará las comunidades en todo Estados Unidos

Washington, 2020—Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado esta semana que la terminación del estatus de  protección temporal por parte de la administración Trump para cientos de miles de personas que viven en los Estados Unidos puede continuar.

La decisión del tribunal permite al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos poner fin a las designaciones del TPS para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán cuyos países están experimentando conflictos armados, desastres ambientales o condiciones extraordinarias. La decisión del tribunal significa que 273,000 niños ciudadanos estadounidenses que tienen padres con TPS podrían enfrentar la separación, más de 130,000 trabajadores esenciales perderán su estatus migratorio y las comunidades en todo Estados Unidos se verán interrumpidas.

La siguiente declaración es de Beth Werlin, directora ejecutiva del Consejo Estadounidense de Inmigración:

"Los titulares de TPS han estado en los Estados Unidos durante años, a menudo décadas, y tienen vínculos excepcionales con nuestras comunidades. Son padres de miles de niños ciudadanos estadounidenses, y muchos de ellos trabajan en campos críticos. La decisión de hoy hundirá sus vidas en más agitación en un momento en que todos necesitamos mayor certidumbre. Los beneficiarios de TPS necesitan una solución permanente que les permita vivir y trabajar en los Estados Unidos sin la amenaza constante de la deportación.

"En su esfuerzo continuo por expulsar a los inmigrantes de los Estados Unidos, la actual administración ignoró las condiciones actuales en los países designados por el TPS para justificar sus decisiones de poner fin a estas protecciones. Estamos decepcionados de que el tribunal se haya negado a reconocer los orígenes de los comentarios del presidente Trump y la conexión directa con las terminaciones del TPS de la administración. 

"Nadie gana cuando revocamos el estatus legal de las personas que han vivido aquí, pagado impuestos y contribuido a sus comunidades durante décadas. Si la administración actual no protege a estos miembros a largo plazo de nuestras comunidades, el Congreso debe hacerlo".