Acuerdo podría dejar desprotegidos a niños inmigrantes

Por Gianna Borroto

A principios de este mes, el Departamento de Justicia pidió a un tribunal que rescindiera parcialmente el acuerdo de décadas de antigüedad que protege los derechos de los niños inmigrantes.

El gobierno argumenta que el  Acuerdo de Conciliación de Flores ya no es necesario porque una nueva regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos finalizado el 30 de abril proporcionará suficientes protecciones a los niños inmigrantes bajo el cuidado del HHS. Los defensores temen que el fin del acuerdo y décadas de supervisión del acuerdo de conciliación de Flores puedan poner a los niños en peligro.

Debido a que la nueva regla solo se aplica al HHS, el gobierno solo busca rescindir las partes del acuerdo que se relacionan con los niños bajo custodia del HHS. En diciembre pasado, el Consejo Estadounidense de Inmigración fue una de las casi 200 organizaciones que firmaron una serie de comentarios públicos sobre la regla propuesta, presentada en nombre de grupos que abogan por los niños inmigrantes no acompañados, los inmigrantes y las personas con discapacidades.

¿Qué es el  Acuerdo de Conciliación de Flores?

El  Acuerdo de Flores surgió de años de litigio presentado por una clase de niños inmigrantes que habían sido detenidos indefinidamente en condiciones inhumanas por la antigua agencia del Servicio de Inmigración y Naturalización. El acuerdo entró en vigor en 1997 y actualmente es supervisado por la jueza Dolly Gee del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Junto con la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, establece las normas para la detención, liberación y tratamiento de los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno federal.

Si bien Flores permite que el gobierno publique regulaciones para implementar y reemplazar el acuerdo, las regulaciones deben coincidir con el espíritu y los términos del acuerdo.

¿Qué dice la nueva normativa?

Si bien las nuevas regulaciones del HHS ofrecen algunas protecciones importantes a los niños inmigrantes, como garantizar el acceso a un aborto mientras están bajo custodia de la ORR, los defensores dicen que se quedan cortas en varios aspectos clave. 

Bajo el "enfoque modificado", la ORR permitirá que los niños inmigrantes sean detenidos en instalaciones sin licencia en ciertos estados, siempre y cuando las instalaciones cumplan con los estándares estatales y pasen las inspecciones de la ORR. El gobierno argumenta que la decisión era necesaria después de que los gobernadores de Texas y Florida emitieran órdenes que impedían a sus estados otorgar licencias a las instalaciones que albergan a niños inmigrantes bajo custodia federal. Sin embargo, la concesión de licencias estatales es un componente central del acuerdo y el alojamiento de los niños en instalaciones sin licencia los deja vulnerables al abuso y al maltrato.

Otro cambio importante es la creación en el reglamento de la Oficina del Defensor del Pueblo para Menores No Acompañados, que permitirá a los niños y otras partes interesadas plantear sus preocupaciones sobre las políticas y prácticas de la ORR. La oficina también realizará visitas al sitio y publicará informes. Los defensores acogieron con beneplácito la creación de la Oficina del Defensor del Pueblo, pero les preocupa que la oficina carezca de poder de supervisión y no informe al Congreso.

Estas preocupaciones son especialmente importantes porque si se cancela la FSA en lo que respecta al HHS, el  abogado de Flores ya no proporcionará una supervisión crítica sobre los refugios de la ORR a través de visitas al sitio y reuniones con niños detenidos. Esto podría crear una falta de transparencia sobre las condiciones de los refugios y si se están salvaguardando los derechos de los niños, especialmente para los niños detenidos en Florida y Texas.

¿Ha habido intentos previos de rescindir el acuerdo?

El gobierno intentó rescindir el acuerdo en 2019, después de que el Departamento de Seguridad Nacional y el HHS emitieran una norma final que intentaba desmantelar muchas de las protecciones del acuerdo.

La regulación de la era Trump habría permitido que el gobierno autoautorizara sus propios centros de detención familiar en lugar de cumplir con el  requisito del acuerdo de Flores de que las instalaciones que albergan a niños inmigrantes tengan licencia estatal. Esto habría permitido al gobierno detener indefinidamente a las familias inmigrantes, en lugar de liberarlas dentro del límite de 20 días impuesto para los niños retenidos en instalaciones sin licencia.

El juez Gee determinó que las regulaciones de 2019 "derrotaron en gran medida" el propósito del acuerdo e impidieron que entraran en vigor. En la apelación, el Noveno Circuito dictaminó que partes de la regulación podían entrar en vigor, pero la administración Biden finalmente desechó los planes para implementar la regla de 2019, dejando a Flores en su lugar.

¿Qué pasa después?

Está previsto que las regulaciones entren en vigor el 1 de julio, a menos que un tribunal federal las bloquee, ya sea parcial o totalmente. El juez Gee decidirá si la regla cumple suficientemente con las obligaciones del HHS en virtud del acuerdo, de modo que el acuerdo pueda rescindirse en lo que respecta al HHS. Aunque estas regulaciones son una gran mejora con respecto a la regla de la era Trump, queda por ver si la corte encontrará que pueden reemplazar un acuerdo crítico que ha protegido los derechos de los niños inmigrantes durante décadas.